En los últimos días se han conocido una serie de juicios descalificatorios y tendenciosos, que imputan responsabilidad a las asociaciones médicas y, en particular, al Colegio Médico de Chile en la crisis que afecta a nuestro sistema de salud, las que rechazamos de la forma más categórica.
Se critica la compra de servicios privados por parte de los hospitales públicos, sin embargo se omite que es una solución impulsada por las propias autoridades de salud, ante la incapacidad del sector público de absorber la demanda existente. El Colegio Médico ha insistido en que se debe reducir la compra de servicios al sector privado e invertir esos recursos en potenciar y fortalecer el sistema público de salud.
Además, irresponsablemente se afirma que nos oponemos al ingreso a Chile de médicos titulados en el extranjero y que el Colegio Médico actúa como cartel. Esta afirmación, además de ser injuriosa, es desinformada, ya que nuestra entidad gremial jamás se ha opuesto al ingreso de ningún médico, solo exigimos que todos los profesionales se sometan a las mismas reglas y cumplan con la legislación vigente. No más que eso, pero tampoco menos. En la actualidad, un médico titulado en Chile, para incorporarse al sector público, debe aprobar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM). Pues bien, igual norma deben cumplir los médicos titulados en el extranjero.
El objetivo primordial del Colegio Médico es velar por el correcto ejercicio de la medicina y el EUNACOM no es más que un mecanismo para velar por el cumplimiento de estándares mínimos de calidad. Por lo demás, en todos los países civilizados existen sistemas de revalidación de títulos profesionales y no vemos por qué Chile deba ser la excepción.
Es del caso señalar que la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, Confemel, se ha pronunciado respecto a las Migraciones Médicas, y declarado que “la reválida de los títulos emitidos por los diferentes formadores de recursos humanos en la región, por parte de los organismos competentes en cada país, debe ser una condición fundamental para garantizar la calidad de los recursos humanos migrantes”, agregando además que se rechaza la migración médica dirigida por gobiernos, al margen de los requisitos exigidos para el ejercicio de la medicina en cada uno de los países y la utilización de recursos humanos en salud como capital político.
En cuanto a la relación de médicos y empresas farmacéuticas, es preciso recordar que nuestro Código de Ética preceptúa que todo facultativo debe mantener siempre una relación de independencia profesional con las empresas productoras o distribuidoras de artículos de uso clínico o farmacéuticos, y quien infrinja este mandato será sancionado por los Tribunales de Ética de nuestra Orden. Resulta pertinente, entonces, aprobar a la brevedad el proyecto de ley sobre Colegios Profesionales, que hace efectivo el control ético de las profesiones, y que duerme en el Congreso Nacional desde hace más de seis años.
Finalmente nos parece que este tipo de actitudes y declaraciones no aportan nada en resolver la crisis en salud que afecta a nuestro país ni menos devolver la dignidad a nuestros pacientes.
Dr. Enrique Paris M.
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