La Dra. Izkia Siches fue parte de una mesa redonda junto a connotados expertos que debatieron sobre la Objeción de Conciencia y la legislación vigente en nuestro país, en la jornada de cierre del simposio, el pasado sábado 27 de octubre.

Con una exposición sobre la Objeción de Conciencia y cómo el Colegio Médico ha desarrollado la discusión al interior del Gremio a través de su Departamento de Ética, la presidenta de la Orden, Dra. Izkia Siches, participó en el XXXIX Congreso Chileno de Medicina Interna 2018: realidad, evidencia, perspectiva, organizado por la Sociedad Médica de Santiago (Sociedad Chilena de Medicina Interna).

La doctora expresó que durante el año 2016, el Departamento de Ética comenzó un trabajo sistemático de discusión y revisión de la literatura, para poder definir qué es la objeción de conciencia, cuáles son sus límites y cómo debería estar suscrito en el país.

“La Objeción de Conciencia es individual y no es colectiva, porque responde a una concepción moral profunda. No es algo liviano, ganancial o antojadizo. Es realmente un proceso de reflexión que permite tomar estas definiciones, donde tengo un problema moral y mi vida va a ser más compleja. Esto es relevante porque nos interesa que los médicos tengan conciencia y ese es un punto que hace que transversalmente todos tengamos que proteger esta figura”, explicó la Dra. Siches.

La dirigenta destacó que la Objeción de Conciencia es privada porque requiere de la seriedad de los pares, de entender la relevancia que tiene esta figura, y excepcional porque la sociedad permite que los profesionales médicos se “salten” la ley. También es pasiva, coherente y no absoluta, porque existen algunas áreas de carácter excepcional “y en este conflicto entre los valores, desde el acceso y el derecho de los pacientes, a tener acceso a una prestación contra este derecho de objeción”, indicó.

Sobre la Objeción Institucional, manifestó que las entidades públicas no pueden tener ésta característica porque tienen el rol de cumplir las leyes del Estado. Asimismo, agregó que sólo pueden ser objetores quienes participen directamente del procedimiento y que se debe tener un registro, por parte de las autoridades de los distintos centros, pero que no sea público y que permita proteger a los médicos objetores y no objetores.

Además, señaló que “tanto la objeción de conciencia como el derecho de un usuario a acceder a una prestación, son valores que deben ser resguardados. El objetor de conciencia tiene derecho a objetar su participación en la prestación, pero no a objetarla”. Agregó que el aseguramiento del acceso a la prestación es responsabilidad del Estado y no del objetor.

También, indicó que el objetor tiene la obligación de informar sobre la existencia de la prestación y la forma de acceder a ella (según como se establece en el Código de Ética) procurar que otro médico siga asistiendo al paciente. “Asimismo el objetor no puede ser obligado a participar en la concreción en la prestación, excepto en aquellos casos en que la objeción de conciencia ‘produjere graves e inmediatos daños para la salud del enfermo’, según lo señalado en el Código”, detalló la presidenta del Gremio.

Por último, la Dra. Siches concluyó que “los médicos tenemos una responsabilidad ética ante la sociedad y no sólo en este tipo de debates. Espero que el Gremio esté a la altura de lo que las personas esperan de nosotros, sino vamos a quedar igual que el resto de las instituciones”.

–          La presentación es parte de la serie de acciones que ha llevado a cabo la entidad gremial con el fin de dejar sin efecto la medida, entre las que se incluyen reuniones con la subsecretaria, la entrega de 900 reclamos de doctores con fallas y problemas del sistema electrónico para entregar este tipo de permisos laborales y recursos en la justicia.

Un reclamo por vicios de ilegalidad en contra de la circular de la Subsecretaría de Salud Pública que limita la entrega de licencias médicas a solo 3 talonarios por profesional al año, presentó el Colegio Médico de Chile ante la Contraloría General de la República.

El texto busca dejar sin efecto la medida que fue dada a conocer el pasado 13 de julio a través del documento B/10/N°15 en el que el Ministerio de Salud y que además, condicionaba la entrega de una mayor cantidad de ese tipo de formulario a los facultativos que asistieran de manera presencial a las oficinas regionales de COMPIN, eliminando la opción de que pudieran ser retirados por representantes.

La presentación ante el órgano fue realizada por la presidenta de la Orden, Dra. Izkia Siches y por el tesorero, Dr. Jaime Sepúlveda, ambos en calidad de representantes legales del Colegio. Dentro de los argumentos de la entidad gremial se encuentra que la normativa excede las atribuciones de la subsecretaría, que anexa requisitos no incluidos en el ordenamiento legal para la entrega de licencias y que atenta contra el derecho constitucional que garantiza a la protección de salud.

Igualmente, cuestiona el antecedente base de la circular que señala que “el 90{ee7e87f9e0e73f133bf1bc4058c4ab7bf8ca9a244c464f6fb73806cbfeac9629} de los profesionales autorizados, emiten en promedio 104 licencias por año”. En el escrito de la entidad, se asegura que dicha cifra sobre la que se sustenta la decisión, “es un estudio estadístico, cuya fuente no se explicita, no se señala el año en que se ha hecho tal estudio, cuáles especialidades fueron observadas, por lo que no puede considerarse”.

La presentación es parte de la serie de acciones que ha llevado a cabo la entidad gremial con el fin de dejar sin efecto la medida, entre las que se incluyen reuniones entre el Secretario General del Colegio Médico, Dr. José Miguel Bernucci, con la subsecretaria de Salud Pública, Dra. Paula Daza; la entrega de cerca de 900 reclamos de doctores por problemas ocasionados fallas del sistema electrónico para entregar este tipo de permisos laborales; y el apoyo de la Unidad de Defensa Laboral Médica (UDELAM) para presentar recursos de protección en los casos en que se les haya negado de manera injustificada la venta de nuevos talonarios. Por último, el Consejo Regional Valparaíso interpuso un recurso de invalidación ante la Corte de Apelaciones local.

En el evento organizado por la Asociación Nacional de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de la Seguridad Social, ANADEUS, el Colegio Médico llamó a avanzar en una discusión que afronte el problema del acceso a los medicamentos de forma estructural, desde la producción hasta la cobertura por el sistema de salud.

Con una exposición sobre el proyecto de Ley de Fármacos II, que se discute actualmente en el Parlamento, el Dr. Matías Libuy, integrante del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico, participó en el seminario “Ley de Fármacos II: Modificaciones y sus fundamentos en la discusión del proyecto”, organizado por la Asociación Nacional de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de la Seguridad Social, ANADEUS.

En la ocasión, el Dr. Libuy llamó a los parlamentarios a aprobar la ley en general, sin embargo, los instó a “rechazar las indicaciones que apuntan a debilitar los elementos más importantes de la iniciativa, como por ejemplo que restablece la restricción por marca, la flexibilización de la regulación de los visitadores médicos o fortalecer la institucionalidad pública en este contexto”.

Agregó que se debe avanzar en una discusión que aborde el problema de los medicamentos de manera estructural y que para mejorar la salud en las poblaciones, se tienen colocar las condiciones de vida y sanitarias en el centro del problema.

 “Es bastante obvio. ¿Acaso la salud no tiene que ver con las condiciones de trabajo, con las condiciones de vida de los barrios, con tener capacidad de hacer deporte cerca del domicilio,  con los tiempos de traslado y con la alimentación a la que uno está sujeto en sus puestos de trabajo? Si nosotros mejoramos estas condiciones de vida, vamos a poder enfrentar los elevados índices de enfermedades crónicas no transmisibles y la gran carga de enfermedades que existen, afirmó.

En esta línea, subrayó que “por supuesto que el sistema sanitario debe mejorar y los medicamentos juegan un rol esencial en cuanto son un bien social de interés público. El 25{ee7e87f9e0e73f133bf1bc4058c4ab7bf8ca9a244c464f6fb73806cbfeac9629} de la salud depende del rol sanitario y en ello están los medicamentos, y el resto es una política integral de prevención y promoción que ponga en el centro las condiciones precarias de vida de Chile”.

El Dr. Libuy señaló que el Colegio Médico entiende a los medicamentos como un bien esencial para materializar el acceso a la salud de la población, así como destacó que el alto gasto de bolsillo, representa entre un 33 a 40{ee7e87f9e0e73f133bf1bc4058c4ab7bf8ca9a244c464f6fb73806cbfeac9629} del gasto total en salud y el gasto en medicamentos, es el principal componente de dicho gasto de bolsillo, alcanzando un 37,6{ee7e87f9e0e73f133bf1bc4058c4ab7bf8ca9a244c464f6fb73806cbfeac9629}.

Por último, manifestó que algunas indicaciones del proyecto tienden a debilitar las fortalezas en algunos puntos claves como la reducción del estándar en la regulación de los conflictos de interés y elimina la prescripción por la Denominación Común Internacional (impacto de la intercambiabilidad) y las competencias para la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST).