Hasta las dependencias de la Contraloría General de la República llegaron el tesorero del Colegio Médico y presidente de Falmed, Dr. Sergio Rojas, junto a la vicepresidenta de la Agrupación de Residentes Chile, Dra. Natalia Henríquez, para reunirse con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, con el objetivo de plantear las dificultades que afectan a los becarios que realizan su especialización.

Dirigentes del gremio junto a directiva de la Agrupación de Residentes se reunieron con la autoridad para pedirle que evalúe la normativa, ya que es poco clara y descontextualizada a la situación actual del país.

En la ocasión el Dr. Rojas realizó una presentación general del Colegio Médico, donde señaló que la Orden está compuesta por 20 regionales y 4 agrupaciones. Luego se refirió específicamente a las materias que se tratarían en la reunión como el programa FOREAPS, las auditorias regionales al programa de Formación de Especialistas, los mecanismos de garantía para ser presentado al momento de ingresar a la especialidad y los impedimentos que han retrasado la ampliación del edificio proyectado en la sede de la Orden.

 

Cambio en condiciones de Pago Asistencial Obligatorio (PAO)

La Dra. Henríquez explicó al Contralor el problema de los becarios que ingresaron entre el año 2008 y 2011 a las becas FOREAPS, ya que al cumplir los 6 años, los especialistas quedaban liberados del Pago Asistencial Obligatorio (PAO). Sin embargo, estas condiciones fueron cambiadas sobre la marcha,  según las disposiciones legales que indicaban que debían realizar el PAO. La dirigenta solicitó reconsiderar esta situación apelando a la responsabilidad que le compete a las instituciones del Estado respecto a los actos administrativos. Además, agregó respecto a esta reconsideración, que se sostuvo una reunión el 7 de enero de 2016 con la abogada de la División Jurídica de la Contraloría general, Isabel Ríos y cuya respuesta se estimaba entre el 15 y el 20 de abril. Asimismo estos argumentos fueron presentados por médicos FOREAPS ante la Corte de Apelación de Valparaíso, la que falló favorablemente; sin embargo el MINSAL apeló a la Corte Suprema donde el proceso se encuentra actualmente “en acuerdo” y pendiente la redacción.

Ante esta materia, el Contralor señaló que una vez que el conflicto es judicializado, no puede emitirse un nuevo dictamen de la Contraloría y que no tiene otra alternativa más que abstenerse.

 

Disparidad de criterio para solicitar cauciones

Asimismo la Dra. Henríquez abordó los informes de auditorias de las Contralorías Regionales respecto al Programa de Formación de Especialistas, realizados hasta la fecha en ocho de los 29 Servicios de Salud y que han mostrado una serie de irregularidades administrativas, las que han sido suplida por los residentes; así como también a la referencia que hacen alusión a que la escritura no sería un mecanismo de caución válido y que por tanto, se solicita boleta de garantía o póliza de seguro. “Ambos instrumentos requieren contar con un respaldo que acredite la tenencia de esos dineros, lo que conllevaría una clara discriminación para los colegas que inician la residencia”, indicó la especialista.

Por su parte, la autoridad manifestó que se debe hacer una presentación a Contraloría solicitando suma urgencia, dado lo acotado de los plazos para firma de garantía/caución que tienen los Servicios de Salud.

 

Proyecto de edificio institucional

Respecto a la construcción de las nuevas instalaciones del Colmed, el Dr. Rojas, se refirió a las dificultades para obtener los permisos de edificación, ya que hay una reinterpretación de la Contraloría en relación al plan comunal de Santiago que dice que en las manzanas donde hay edificaciones patrimoniales, se debe supeditar toda construcción a ese edificio, y eso lo ha interpretado en el sentido que no puede superar la altura de esa estructura, limitando a sólo tres pisos. Para el Colmed este argumento es contradictorio, pues la estructura de la sede es de seis pisos, por lo que se deberá buscar un mecanismo para lograr un pronunciamiento de la dirección de obra del municipio y posteriormente hacer el reclamo en la Contraloría.

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